Uno de los mayores pilares del Estado del Bienestar, la justicia gratuita, está pendiente de un hilo si se mantienen los recortes anunciados por varias comunidades autónomas. Esto supondría que muchos ciudadanos que no tienen capacidad para contratar a un abogado, se quedarían sin asistencia jurídica y por lo tanto, más indefensos ante la ley.

La situación está llegando a tal límite que los abogados de algunos de los turno de oficio como el de Valencia, que hasta ahora cobraban gracias a las líneas de crédito que obtenían sus respectivos colegios, podrían en breve dejar de tener esta financiación y por consiguiente, dejar de percibir esa remuneración, que siempre se ha calificado de escasa para el trabajo que realizan estos letrados.