La crisis económica está pasando factura a los ayuntamientos, y nunca mejor dicho. Los últimos datos que obran en poder de las empresas que prestan sus servicios a los municipios españoles en trabajos de saneamiento urbano reflejan un aumento espectacular del plazo que tardan en pagar a sus proveedores.
En concreto, según cifras de Aselip, la patronal de las empresas del sector -que operan en más de 3.500 ayuntamientos de todo el país- los contratistas están tardando “en torno a los ocho meses y medio” en cobrar. Para hacerse una idea del deterioro de la morosidad hay que tener en cuenta que al comenzar el año, el plazo medio de los impagados era de seis meses, lo que pone de relieve el deterioro de las tesorerías municipales.
Tradicionalmente, como reconoce el presidente de Aselip, Francisco Jardón, las administraciones públicas han sido mal pagadoras en cuestiones relacionadas con la limpieza viaria, conservación y riegos en vías públicas, tratamiento de residuos y limpieza de alcantarillado. “Se trata de un mal endémico”, asegura, pero lo que está ocurriendo ahora tiene tintes históricos, y eso que la Ley de Contratos del Estado establece un máximo de 60 días para pagar. El problema, como asegura Jardón, es que muchas pequeñas empresas del sector no tienen musculatura financiera suficiente para “aguantar el tirón”, por lo que tarde o temprano entrarán en crisis, con lo que ello supone desde el punto de vista del empleo. No es el caso de las grandes del sector, filiales de ACS, Ferrovial y FCC, que tienen mayor capacidad de resistencia.
El aumento de la morosidad afecta a todo el territorio español, pero en particular a los municipios de algunas comunidades autónomas, como Andalucía (sobre todo en las provincias de Granada y Cádiz) o Canarias. El ayuntamiento de Madrid, que tradicionalmente ha sido uno de los que han pagado mejor, está entrando, sin embargo, en males prácticas, y hoy tarda más de medio año en pagar a las empresas con las que tiene contratados sus servicios. La causa del aumento de la morosidad tiene que ver con la brutal caída de ingresos que han sufrido los municipios españoles tras pincharse la burbuja inmobiliaria, algo que a tenor de su tesorería, les ha cogido con el pie cambiado.
Una ley contra la morosidad
Lo más curioso es que hace cuatro años el Boletín Oficial del Estado publicó la transposición a la legislación española de la Directiva comunitaria que regula los pagos de las administraciones públicas en aras de evitar la morosidad, pero a la luz de lo que está ocurriendo, lo cierto es que hoy esa ley es papel mojado. La norma establece que las empresas proveedoras tienen derecho a cobrar intereses de demora si sus clientes no pagan en los plazos pactados. En concreto, el tipo de interés oficial fijado por el Banco Central Europeo (BCE) más siete puntos porcentuales. En total, y a tipos actuales, un 11,25% adicional respecto de la factura liberada por la empresa proveedora.
Se está dando la paradoja, sin embargo, que las empresas no sólo no está cobrando el principal, sino tampoco los intereses, lo que lleva a una situación verdaderamente peculiar. Hay que cobrar intereses sobre intereses no pagados.
