La Comisión Europea deja claro que las administraciones deberán abonar sus facturas en 30 días. Además, los plazos de pago actuales serán considerados “contrarios al derecho comunitario” en 2013. La nueva directiva blinda la ley española.

No hay excusa que maquille la morosidad del sector público español. El Estado y, sobre todo, las autonomías y los ayuntamientos están muy lejos de cumplir los plazos legales de pago a sus proveedores comerciales.

La Comisión Europea lo sabe, y por eso ha emitido una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, en la que se insta a las administraciones españolas a ceñirse a los plazos de pago legales: tienen que pagar las facturas a sus proveedores en 30 días, y no en 154, media actual. Y les avisa de que tienen de fecha hasta 2013.

Fuente: Expansión.com