La demora en el pago a los proveedores se ha convertido en el principal quebradero de los gestores de las cuentas de la Generalitat. El monto pendiente se sitúa en el entorno de los 2.400 millones de euros y muchas empresas han denunciado los graves problemas que supone la morosidad pública para la continuidad de sus actividades productivas.

Sin embargo, en las últimas semanas un nutrido grupo de proveedores contratistas de la Administración han mostrado su disposición a continuar trabajando con la Generalitat —especialmente con algunas de las principales empresas públicas— con unas condiciones de cobro que oscilan entre los 300 y los 400 días.