La sostenibilidad de las políticas sociales continúa en el punto de mira de la actividad política. En plena precampaña electoral, las protestas arrecian contra la Generalitat, que ayer asumió nuevos compromisos de pago con los proveedores sanitarios y los beneficiarios de la ley de Dependencia.

Así, la Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana propuso ayer a la Generalitat buscar «una salida» a la deuda que mantiene con este colectiva a través de una operación crediticia bancaria conocida como «confirming». Esta fórmula es un servicio ofrecido por las entidades financieras que consiste en gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores, ofreciéndole la posibilidad de cobrar las facturas con anterioridad a la fecha de vencimiento.

Sin embargo, las voluntad de diálogo de la Conselleria chocó con la disparidad de datos. De hecho,la Generalitat reconoció una deuda de 24 millones de euros, cuatro veces inferior a la que calculan las empresas.

El conseller de Sanidad, Luis Rosado, expuso la voluntad de la Consellria por afrontar los pagos. Sanidad pretende evaluar de forma individualizada la situación de cada uno de los proveedores para establecer diferentes niveles de deuda.