El 7 de julio entró en vigor la nueva Ley de Morosidad, que establecía un reducción progresiva en los plazos de pagos de las empresas y las Administraciones públicas con sus proveedores. En el primer caso se debían reducir a 60 días como máximo para el 1 de enero de 2013, mientras que en el segundo se ajustaría a 30 días.

Unos plazos que parecen alcanzables para el sector privado, pero que se antojan de difícil consecución para el sector público. Así lo aseguró ayer Rafael Barón, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), quién tildó de "cáncer" para la economía la fuerte demora en los plazos de pago de las Administraciones públicas. "El sector público tiene que dejar de financiarse a costa de las pymes y debe ser consciente de que debe cumplir con los plazos fijados por ley".

Fuente: Cinco Días